Alias Chipi habría ordenado el homicidio de un hombre como parte de una violenta disputa por el control de la venta de estupefacientes en el occidente de la ciudad.
La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos delictivos a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, señalado articulador del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.
Elementos materiales probatorios dan cuenta de que, en su condición de cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas, habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa con otras organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo.
Para este propósito ilícito, al parecer, contactó por vía telefónica a una persona específica y le ofreció 4 millones de pesos para que ejecutara la acción sicarial. Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, darle 2 millones de pesos como anticipo y mostrarle una fotografía.
El día de los hechos, Arteaga Hernández presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio, citó al atacante muy cerca de ese lugar y le entregó un arma de fuego en un vehículo. Horas después, en la madrugada, el homicidio se perpetró en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.
En ese sentido, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cargos no fueron aceptados.
El procesado actualmente permanece privado de la libertad en centro carcelario por el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
