Un fiscal de Derechos Humanos y DIH definió la situación jurídica de seis militares, uno de ellos retirado, con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como presuntos responsables del delito de homicidio en persona protegida.
Los hechos que investiga el fiscal instructor ocurrieron el 20 de julio de 2003 en la vereda San Pablo, jurisdicción del municipio Campamento (Antioquia), donde en acciones simultáneas fueron muertos por tropas del Ejército los particulares Carlos Alfonso Gómez Gutiérrez y Abeladán Posada Amariles, quienes fueron reportados como miembros de las Farc abatidos en combate.
La decisión del funcionario judicial cobija a: Alfonso Rafael Ojeda Preciado, mayor ( r ), e integrante de las fuerzas especiales en la época de los hechos, y a los miembros del Gaula Antioquia Jaime Roberto Hernández Rincón, teniente; Julián José Reina Melo, sargento; y los soldados profesionales John Darío Chavarría, Horacio de Jesús Gutiérrez Villa, y Joan Carlos Gelvez Albarracín.
