Seis personas fueron capturadas en una operación de la Fiscalía General de la Nación para esclarecer una serie de atentados contra el erario público a través de la liquidación de pensiones de gracia a cinco docenas de profesores en el departamento de Magdalena. El monto de lo esquilmado al presupuesto llega en esta primera fase a 5.000 millones de pesos.
La acción, coordinada por un fiscal de la Dirección de Anticorrupción de la Fiscalía, permitió la captura de una funcionaria de la Gobernación del Magdalena y dos abogados en Santa Marta, así como tres abogados más en Bogotá. En este operativo hubo una amplia colaboración del Ejército.
El sistema descubierto en la investigación por miembros de la Policía Judicial Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio (PED) y la Policía Judicial Especializada Económico Financiera (PEF), de la Fiscalía, consistía en realizar el proceso para que se les concedieran las llamadas pensiones de gracia a docentes que legalmente no podían acceder a ella.
La pensión de gracia es un beneficio que se concedió hasta 1980 a profesores que tenían un excelente comportamiento profesional acreditado por las alcaldías y gobernaciones.
Este grupo identificaba a profesores que no tenían ese derecho y les hacían la oferta de conseguirles la pensión de gracia. Sesenta de ellas fueron otorgadas entre los años 2008 y 2009 en el departamento del Magdalena.
Después de ubicar a los docentes, la empleada de la Gobernación tramitaba la acreditación en el ente territorial y los abogados se dedicaban a pedir en Cajanal, en Bogotá, este beneficio para sus clientes.
Por este hecho, la Fiscalía investiga a estas seis personas por los delitos de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares.
AAEA
