Además, el fallo contempla el pago de una multa superior a los 156 millones de pesos por los daños causados al municipio.

La Fiscalía General de la Nación seccional Boyacá logró mediante la valoración de elementos materiales probatorios, que el Juez 5 Penal del Circuito de Conocimiento de Tunja (Boyacá), la condena de 9 años de prisión a la ex cajera  de la Tesorería de la alcaldía municipal de Villa de Leyva, Aura Leonor López Rojas.

La funcionaria fue hallada responsable del delito de peculado por apropiación al no justificar el faltante de recursos municipales superiores a los 156 millones de pesos en hechos ocurridos durante el 2016.

Durante el juicio, la delegada del ente acusador indicó que faltó a su deber moral y los principios de servidora pública al apropiarse de los recursos del municipio toda vez que, no consignaba diariamente los dineros recaudados a los usuarios y les daba la apariencia de recursos normales de caja.

“Consignaba parte de los dineros al final del mes en las entidades bancarias para cubrir el faltante, y luego los pasaba como si todo fuera normal, al comienzo de cada mes volvía a quedarse en su poder con los dineros recibidos diariamente” sostiene la acusación.

De acuerdo con los elementos materiales de prueba basados en las investigaciones de los peritos contables y entrevistas dadas por testigos, el faltante de dinero acumulando mes a mes hasta el 16 de febrero de 2016 fue de $156.990.714.

La sentencia condenatoria también contempla la inhabilitación indefinida para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por tratarse de un delito contra la administración pública.

Por su parte el juez ordenó la captura de la funcionaria, decisión que fue apelada por la defensa, aunque la sentencia sostiene que deberá ser recluida en un centro carcelario que indique el INPEC.

La Fiscalía habla con resultados

CMRM/EC/FAGH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.