Las víctimas, en su mayoría, fueron rescatadas en medio del intercambio de disparos entre la fuerza pública e integrantes del M-19, trasladadas a la Casa del Florero y a sedes militares o de la Policía Nacional, y sometidas a tratos crueles y degradantes.

La Fiscalía profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como ‘sospechosos’ durante los hechos del Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, en Bogotá. Las víctimas, en su mayoría, fueron rescatadas en medio del intercambio de disparos entre las fuerza pública e integrantes del M-19, trasladadas a la Casa del Florero y a sedes militares o de la Policía Nacional, y sometidas a tratos crueles y degradantes.

Los militares en retiro llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada son: mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y se desempeñaba como director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la Brigada XIII del Ejército Nacional; coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del B-2; el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, exintegrantes del B-2.

Los elementos materiales probatorios indican que estos oficiales y suboficiales, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en el trato cruel y degradante que recibieron 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, con el supuesto de que estarían vinculadas a la toma al Palacio de Justicia.

Entre las víctimas hay dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que visitaban la sede judicial quienes, al igual que la mayoría de afectados, fueron rescatados en medio del intercambio de disparos entre la fuerza pública y miembros del M-19, y llevados a diferentes lugares para ser interrogados en medio de humillaciones, antes de quedar en libertad.

Otro de los civiles torturados era un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus rumbo a Zipaquirá (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, tildado como guerrillero, conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, golpeado y trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.

La decisión emitida por la Fiscalía es de primera instancia y en su contra proceden los recursos legales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

JARG/MOR/ZJLC/UFDCSJ.

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.