Se trata de un hombre de 48 años que agredió sexualmente a dos menores que requirieron sus servicios como mecánico de bicicletas.

La contundencia del material de prueba presentado por un fiscal de la Seccional Boyacá permitió que José Arquímedes Tabaco Lombana fuera condenado por dos jueces penales de Sogamoso. El hombre fue judicializado por las agresiones sexuales de las que fueron víctimas dos menores de 15 y 11 años de edad.

Las investigaciones determinaron que en septiembre de 2009 Tabaco Lombana agredió a un menor de 11 años de edad que llegó a su taller buscando que le fuera reparada su bicicleta.

Una situación similar se presentó el 31 de agosto de 2020. En esta oportunidad la víctima fue un menor de 15 años de edad quien se acercó al referido establecimiento para arreglar su cicla. En este lugar habría sido agredido. Los hechos fueron conocidos por las autoridades luego de que un centro asistencial informara sobre lesiones en el menor, producto del abuso.

El primer hecho fue conocido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sogamoso que dispuso contra el procesado una pena de 17 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de acceso carnal violento agravado.

El Juez Primero Penal del Circuito de Sogamoso conoció el segundo caso y determinó que el hombre, de 48 años de edad, debe permanecer privado de la libertad en establecimiento carcelario por 12 años, tras ser encontrado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía hizo que el hombre aceptara su responsabilidad en las agresiones sexuales que fueron denunciadas por las madres de las víctimas.

 

La Fiscalía habla con resultados.

 

MRB/MAGA/MEC/MCRC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.