Un fiscal destacado ante el Gaula de Boyacá judicializó a Rafael Antonio Ocampo y a Pablo David Prioro Morelo por, presuntamente, prestarse para reclamar 6’880.000 de pesos, al parecer, producto de una extorsión.
La exigencia económica habría sido realizada desde la cárcel La Picota de Bogotá; y obedecería a una contraprestación para, supuestamente, evitar judicializar a una residente de Duitama (Boyacá) y a quien le hicieron creer que en el aeropuerto ElDorado de Bogotá había un paquete a su nombre, procedente de Sidney (Australia).
Según consta en la investigación, la víctima recibió un mensaje a su celular en el que le advertían de la supuesta encomienda. Un segundo mensaje le advertía que la caja contenía estupefacientes, y que para evitar ser judicializada por tráfico de estupefacientes debía pagar 10 millones de pesos, de los cuales solo pagó 6.880.000 de pesos.
Investigadores del Gaula, Seccional Boyacá, iniciaron las indagaciones que permitieron la captura de los procesados, trabajadores de construcción, a quienes les habrían pagado 50 y 100 mil pesos por recibir el dinero del delito.
Las dos personas fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Boyacá en Chía y Tabio (Cundinamarca).
Los procesados aceptaron su complicidad en el delito de extorsión imputado por la Fiscalía. El juez de control de garantías que conoció el caso impuso en los dos detenidos medida de aseguramiento en sus residencias.
La Fiscalía habla con resultados
MRB/MAGA/MEC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
