Al acoger la solicitud de una fiscal de la Unidad de Reacción inmediata URI de Pereira, un juez de control de garantías privó de la libertad en centro carcelario a un hombre de 41 años, como presunto responsable de torturar durante cuatro días a su compañera permanente a quien habría amenazado de muerte.
Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 31 de diciembre de 2022 en el municipio de la Virginia y continuaron en la residencia de la pareja ubicada en el sector Galicia de la capital risaraldense donde, presuntamente, el hoy imputado habría sometido a la víctima, una mujer de 36 años a tratos inhumanos y golpes con diferentes objetos causándole múltiples lesiones en su cuerpo, ejerciendo sobre ella violencia psicológica y emocional.
Posterior a este hecho, al parecer, el investigado continuó violentando a la víctima en reiteradas ocasiones.
Igualmente, se presume que el procesado agredió a la mujer el 27 de enero y luego habrían desaparecido lo que motivó que conocidos de la víctima acudieran ante la Fiscalía para reportar el hecho.
El hombre, al parecer, tomó fotografías de la mujer desnuda en las que se evidenciaba la condición física después de las agresiones y las publicó en las redes sociales para exponerla públicamente.
La fiscalía imputó al hombre el delito de tortura agravada en un evento y violencia intrafamiliar agravada en tres eventos. El procesado no aceptó los cargos.
El indiciado fue capturado este 29 de enero en vía pública de Pereira por funcionarios del CTI.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/FAGH/GRM/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
