La víctima fue engañada con que tenía una orden judicial en su contra y a cambio de no hacerla efectiva el investigado le exigiría la suma de $12 millones.
Una fiscal local adscrita ante el Gaula de la Seccional Tolima, logró la judicialización de un hombre señalado de extorsionar a un ciudadano haciéndose pasar por funcionario de la policía judicial Sijin en San Luis, Tolima.
Se trata de Jean Carlos Urena García quien fue detenido en flagrancia mediante un plan de entrega controlada adelantado por el Gaula de la Policía, el cual se llevó a cabo ante el temor de la víctima por la presión que el procesado estaría ejerciendo para que él le pagara un total de $12 millones.
Los hechos datan del 18 de marzo del año 2024 cuando el sospechoso, según la denuncia, se presentó en la casa de la víctima en compañía de otra persona, manifestándole que un fiscal los había enviado porque tenía una orden de captura en su contra por supuestamente haber comprado un ganado hurtado y por ello adelantarían un registro y allanamiento en su finca, por lo que lo intimidarían exigiéndole el dinero bajo amenaza con arma de fuego, ante lo cual no tendría más remedio que acceder y les dio $2 millones.
Posteriormente, lo constreñirían para que hiciera un segundo pago lográndose el 21 de marzo la captura en flagrancia de Urena García cuando supuestamente reclamaría la suma de $6.000.000.
El hombre no aceptó los cargos de extorsión agravada y tentativa de extorsión imputados por la delegada fiscal, y fue enviado a prisión como medida preventiva.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
PAAM/LYBT/DCG/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
