Tras el abundante material probatorio presentado por la Fiscalía, jueces de la República enviaron a la cárcel a Robert Campos Vargas y Hernán Darío Arbeláez Sánchez por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal, respectivamente.
Investigadores del CTI adscritos al Grupo de Estructura de Apoyo lograron sus capturas en un trabajo coordinado con la Policía y el Ejército Nacional en Ibagué, por hechos aislados que se habrían presentado en la capital tolimense.
Falsas promesas de trabajo
Campos Vargas, de 54 años, según la investigación ofrecía ayudarles a sus víctimas a conseguir un empleo con la administración municipal de la capital tolimense.
Es por ello que les habría pedido diferentes sumas de dinero para supuestos pagos de estampillas y carnetización, argumentando que era servidor público o que era conocido de la persona encargada de contratación en la Alcaldía de Ibagué.
Los hechos investigados ocurrieron en 2016, 2018 y 2022, donde las cuatro personas afectadas perdieron más de 8 millones de pesos.
Falsas promesas de vivienda
Entretanto, Arbeláez Sánchez está siendo procesado por los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal.
El hombre ofertaba a través de publicidad callejera proyectos de vivienda de interés social en Ibagué. Una vez enganchaba a sus víctimas, al parecer les exigía pagos por encima de los 25 millones de pesos como adelanto. Después no volvían a saber de él.
Bajo esta modalidad Arbeláez Sánchez, de 38 años, habría afectado a cuatro víctimas por una cuantía cercana a los 140 millones de pesos.
Ninguno de los dos investigados aceptó los cargos imputados por las fiscales en cada caso, adscritas a la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/CFG/AMG/MVE/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
