Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) logró que un juez penal de Tumaco (Nariño) cobijara con medida de aseguramiento a María Fernanda Castillo Araujo consistente en detención preventiva en lugar de residencia.
El ente investigador le imputó cargos a Castillo Araujo como presunta autora material de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Según la investigación, una fuente humana informó a la Fiscalía que en una vivienda del barrio La Calavera de este puerto nariñense estaba siendo utilizada para el almacenamiento de munición y armamento, por parte de una estructura criminal.
En las indagaciones, el ente investigador acompañó a la fuente a señalar el sitio y con el apoyo de infantes de Marina de la Armada Nacional y agentes de la Policía Nacional, servidores de la Unidad Básica de Investigación Criminal realizaron un operativo de registro y allanamiento al inmueble.
Durante la diligencia judicial, los uniformados encontraron a Castillo Araujo dentro de la vivienda y fueron incautados 133 barras del explosivo Indugel, 200 detonadores para explosivos, 20 metros de mecha de seguridad y tres envoltorios que contenían explosivos.
Al serle exigidos los documentos que permiten establecer el porte legal de los explosivos, la mujer les dijo a los uniformados que no los tenía, por lo que le fueron leídos los derechos del capturado, siendo puesta disposición de la autoridad competente.
Durante la imputación, la asegurada no allanó a los cargos.
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La Fiscalía habla con resultados
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JGPV/FAGH /LVB/DSN
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
