Al acoger la solicitud de la Fiscalía el Juez 37, con funciones de control de garantías de Bogotá impuso una medida de aseguramiento, no privativa de la libertad pero con restricción para salir del país, en contra de cuatro personas, procesadas por recibir irregularmente dos mil 212 millones 501 mil 213 pesos del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
La medida afectó a Juan Manuel Dávila Jimeno, María Clara Fernández De Soto de Dávila y Juan Manuel y Ana María Dávila Fernández De Soto, a quienes un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Estas personas deberán presentarse mensualmente ante las autoridades judiciales.
En la audiencia, el fiscal del caso dijo que los investigados fraccionaron el predio Campo Grande, ubicado en Algarrobo (Magdalena), en varios lotes o fincas, para así apoderarse de recursos públicos. También los señaló de crear contratos de arrendamiento ficticios apara acceder a los beneficios económicos de AIS.
Por los mismos hechos, la Fiscalía imputó cargos contra Valerie Domínguez Tarud por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, en la modalidad de tentativa, y falsedad en documento privado.
En este caso, la Fiscalía no solicitó la imposición de una medida de aseguramiento, en atención a que la procesada renunció al auxilio antes de que éste fuera desembolsado. Los restantes procesados reintegraron en su totalidad el dinero recibido, situación que tuvo en cuenta el Juez de Control de Control de garantías al momento de resolver su situación jurídica.
Ninguno de los investigados aceptó los cargos imputados en la audiencia respectiva.
