Por el homicidio de Camilo Barrientos Durán, ocurrido en 1994 en Yarumal (Antioquia) la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra del exsuboficial de la Policía Alexander de Jesús Amaya Vargas.
Los hechos por los cuales la Fiscalía tomó la decisión en contra de Amaya Vargas ocurrieron el 25 de febrero de 1994, cuando Camilo Barrientos Durán, conductor de un bus escalera, cubría la ruta Yarumal – Campamento y fue requerido por dos de sus pasajeros que lo obligaron a detener el automotor y le dispararon en repetidas ocasiones.
El caso llegó por asignación especial a la Unidad de Derechos Humanos donde avanzan más investigaciones por otros homicidios, “dentro del contexto de la organización criminal que durante el primer trimestre de 1994, bañó en sangre a la población de Yarumal y sus alrededores, con la aquiescencia y participación de la misma Policía Nacional”.
La decisión de la Fiscalía de conocimiento se basó en tres situaciones que contextualizaron parte de la situación de orden público en la región y que fueron reveladas por varios testigos; un de ellas dio a conocer un incidente suscitado en la población de campamento el 5 de diciembre de 1993 y que fue protagonizado por Amaya y Jorge Quintero un campesino de la región, otra de sus víctimas.
La segunda situación que contextualizó el homicidio de Camilo Barrientos tiene que ver con algunos señalamientos que hicieron en su contra como presunto colaborador de la guerrilla, debido a que con el bus escalera que trabajaba, cubría rutas a zonas de influencia guerrillera.
Igualmente el investigador tomó en cuenta varios testimonios que mencionaron la presencia de un grupo armado ilegal en Yarumal, patrocinado por algunos ganaderos y comerciantes de la región y que incluso habrían aportado listas de posibles víctimas.
Al proferir medida de aseguramiento en contra de Amaya Vargas como determinador del delito de homicidio agravado de Camilo Barrientos, el despacho destacó que “está demostrado el estado de terror y zozobra que esta muerte infundió en la población, la cual desde luego se incrementaba con la participación de la Policía en el mismo, aunado a la existencia de una lista de personas a asesinar”.