Los uniformados fueron atacados mientras adelantaban labores de verificación en un puesto de registro y control en vía pública.
Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a tres personas que habrían participado en el asesinato de dos policías, ocurrido el pasado 15 de marzo en Girardot (Cundinamarca).
Se trata de Esteban Daniel Acosta Valdés, Albeiro Chacón Hoyos y Andrés Echavarría Olarte, a quienes un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; además de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
De acuerdo con la investigación, los policías de tránsito y transporte se disponían a realizar una requisa a tripulantes de un vehículo en un puesto registro y control ubicado en el sector de la Báscula de San Lorenzo, en la vía que conduce de Girardot a Nariño (Cundinamarca).
En el momento en que los uniformados realizaban la verificación, los hombres, presuntamente, les quitaron el arma de dotación y les dispararon, ocasionándoles la muerte. Luego, huyeron del lugar sin embargo fueron capturados en flagrancia a pocos metros del sector.
Las autoridades les decomisaron un arma de fuego, dos celulares, un cartucho, ocho vainillas y el vehículo donde se transportaban.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
ALGO/AMCJ/LORZ/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
