Los procesados fueron descubiertos y se presentó un intercambio de disparos en el que fue impactado un uniformado.
Por el intento de hurto a una joyería en un centro comercial de Bucaramanga (Santander), en el que murió el intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, fueron judicializadas cinco personas que habrían participado en la acción delincuencial.
Se trata de Adrianis Esther González Garavito, Antonio José Felipe Lanches, Karina Michellys Criado Pumarejo, Orlando José Cabrera Méndez y Jhony José Rodríguez Castillo.
Un fiscal de la Seccional Santander les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 29 de noviembre cuando un grupo de personas ingresó al establecimiento comercial y habrían intimidado con armas de fuego a las empleadas del sitio.
Uniformados de la Policía fueron alertados del hecho y en el momento que los presuntos delincuentes se disponían a huir con las joyas hurtadas, se presentó un intercambio de disparos que terminó frustrando la fuga.
En medio del hecho, fue impactado con arma de fuego el uniformado Fredy Francisco Leal Briceño, quien intentó impedir el hurto y falleció debido a la gravedad de las heridas.
Por este hecho, recientemente fue judicializado el subintendente de la Policía Nacional, Richard José Sierra Bravo, quien habría realizado vigilancias y alertado a los demás integrantes del grupo delincuencial para la ejecución del robo.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
