La Fiscalía General de la Nación judicializó a 14 personas que estarían involucradas en exigencias económicas ilegales a comerciantes del suroccidente de Barranquilla (Atlántico), en hechos registrados entre septiembre de 2024 y enero del presente año.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó, según su grado de responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Cargos que no fueron aceptados.
Se trata de Luis Guillermo Piña Palomino, Geraldine Arrieta Ortega, Chayanne Rafael González Villafañe, Erick Fabián Molina Mendoza, Jhon Darío Angarita Gómez, Julio César Sarmiento Flórez, Sebastián Sampayo Imitola, Darley Darío Lario Hernández, Arley Enrique González Pedroza, Roicer Antonio Camargo Núñez, Jesús David Pascuales Correa, Jhonatan González Escobar, Alex de Jesús Ricaurte Cantillo y Andrés de Jesús Callejos Lara.
El material probatorio recopilado permitió establecer que estas personas habrían participado en las intimidaciones por pagos extorsivos, a cambio de no atentar contra la vida de las víctimas, sus empleados y sus bienes.
Estas personas fueron capturadas por la Policía Nacional en Medellín y Bogotá. Durante los procedimientos se les incautaron un arma de fuego, 11 celulares y 12 panfletos alusivos a la organización criminal denominada Los Pepes.
Durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías, les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 10 de los procesados, mientras que los cuatro restantes en lugar de domicilio.
SKCR/AMCJ/JGDV/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
