Las acciones ilegales representarían rentas semanales de, al menos, 3 millones de pesos.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a cuatro personas que estarían involucradas en el tráfico local de estupefacientes en entornos universitarios, escolares, parques y sectores residenciales de Bosa.
Se trata de Deysy Rocío Rojas Veloza, alias La Mona; Marlon Stip Castellanos Rivera, Jherson Aldrey García Gutierrez y José Daniel Rodríguez Leuche, a quienes un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: ambas conductas agravadas.
Los procesados no aceptaron cargos y por petición de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías les impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
La investigación adelantada de manera coordinada con la Policía Nacional, evidenció que las actividades ilícitas de narcomenudeo las estarían adelantando en los sectores de Bosa Porvenir y Bosa Brasilia.
Al parecer, fingían ser residentes de los sectores en los que delinquían para poder comercializar marihuana en pequeñas dosis. Estas acciones ilegales les representarían rentas ilícitas superiores a los 3 millones de pesos semanales.
Estas personas fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento donde les encontraron múltiples dosis de marihuana y bazuco listas para ser distribuidas. También se incautaron elementos para el pesaje y dosificación de las sustancias ilegales, un arma de fuego y dinero en efectivo.
LMBG/AMCJ/MBR/SFB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
