La Fiscalía General de la Nación judicializó a nueve presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Emojis, dedicado a la comercialización de sustancias estupefacientes en el barrio Balcones de la Villa y sectores circundantes en Calarcá (Quindío).
Un fiscal de la Seccional Quindío les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes; destinación ilícita de bien mueble o inmueble; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos los procesados aceptaron los cargos.
De acuerdo con la investigación, se evidenció que los ‘Emojis’, al parecer, se dedicaban a la venta de marihuana y cocaína en los sectores mencionados, desde febrero pasado hasta el noviembre. Además, cumplirían roles específicos, como expendedores, campaneros, dosificadores, almacenadores, transportadores, administradores y cabecillas.
Durante el desarrollo de diligencias de allanamiento y registro, realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, se hicieron efectivas las órdenes de captura contra Jorge Andrés Ortiz Agudelo, Juan Carlos Sossa Galicia, Jesús Antonio Sánchez Martínez, Yefferson Enrique Granados Ríos, Andrés Mauricio Flórez Arteaga, Liverman Amariles y Marlon Trujillo Lara. Además, fueron capturados en flagrancia Gloria Inés Arteaga Giraldo y Adrián Esteben Ramírez Ceballos.
Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a ocho de los procesados. Por su parte, a Gloria Inés Arteaga Giraldo en lugar de residencia.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
