Estarían involucrados en otras conductas delictivas perpetradas durante el último año en el suroccidente de la ciudad.
Luego de valorar los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Erick Miguel Leones Castillo y Mauricio Beltrán Ariza, presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Satanás’ que estarían implicados en el crimen de un transportador informal que se negó a pagar extorsiones, el pasado 12 de enero, en el barrio San Antonio de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá.
El cuerpo de la víctima fue encontrado en el vehículo que conducía, con un letrero en el que ‘Satanás’ se atribuía el asesinato y dirigía un mensaje amenazante a otros transportadores para presionarlos a cumplir con las cuotas de dinero que les exigían para ejercer la actividad económica en el sector.
Por todo lo anterior, una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá imputó a Leones Castillo y Beltrán Ariza los delitos de homicidio agravado; concierto para delinquir con fines de extorsión; tentativa de extorsión; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas en articulación con el Gaula de la Policía Nacional en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. En los procedimientos fueron incautados una motocicleta que habría sido utilizada para cometer el crimen, un arma de fuego, una granada y panfletos alusivos a la red delictiva.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
