Comerciantes y prestamistas de los barrios Dangond, Luz de Salvación, Provenza, Brisas del Paraíso y Cristal de la comuna 10 de Bucaramanga, serían algunas de las víctimas de extorsiones.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Tren de Aragua Búcaros’, dedicado a la extorsión en el sur de la capital santandereana.
Se trata de Edwin Junior Mendoza Silva y Cristian Peña Benítez, quienes fueron imputados como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, secuestro simple, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
La investigación permitió establecer que esta red ilegal sería responsable de, al menos, siete casos de extorsión ocurridos en los barrios Dangond, Luz de Salvación, Provenza, Brisas del Paraíso y Cristal de la comuna 10 de Bucaramanga. Los delitos atribuidos a los dos procesados habrían sido cometidos entre marzo y mayo de 2025, siendo las víctimas comerciantes y prestamistas del sector.
La Fiscalía estableció que los procesados abordan a las víctimas con armas de fuego, los amenazaban con asesinar a sus familiares y atentar contra sus negocios en caso de no cumplir las exigencias económicas. También se determinó que varias personas fueron retenidas hasta que se cumplió con los pagos.
Mendoza Silva y Peña Benítez fueron capturados por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. Durante las diligencias judiciales, los procesados negaron su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra.
DRA/MAGA/MM/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
