La Fiscalía judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Langostas, dedicado a la comisión de hurtos en fincas y predios de zonas rurales de Quindío y Valle del Cauca.
Un fiscal de la Seccional Quindío les imputó los delitos de concierto para delinquir, homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; secuestro simple; y hurto calificado; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Durante el desarrollo de seis diligencias de allanamiento y registro, se hicieron efectivas las órdenes de captura contra el presunto cabecilla Cristian Steven Aguirre Vélez, Giovanni Mejía Villa, Jhon Alexander Giraldo, Leydi Alejandra Bastidas Rengifo, Nathalia Rivera Londoño y Katerine Viviana Sánchez Idarraga. Además, se logró la incautación de una camioneta, tres armas de fuego y celulares.
Se evidenció que este grupo delincuencial realizaba los hurtos en Montenegro y Circasia (Quindío) y Sevilla (Valle del Cauca). Estas personas estarían vinculadas en ocho eventos delictivos, en uno de ellos, asesinaron a la víctima. De igual manera, en otro hecho, habrían retenido, amarrado y amenazado a las víctimas por varias horas.
El material probatorio da cuenta de que se apoderaban de los elementos de valor y vehículos de las víctimas, a quienes amenazaban con armas de fuego.
Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra cinco de los capturados. Por su parte, Leydi Alejandra Bastidas Rengifo continuará vinculada al proceso.
NFRC/LMFO/AMCJ/OALD/DSQ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
