Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Duberney Posada, alias Duván, de 27 años, como presunto responsable de tres hurtos a establecimientos comerciales en Medellín (Antioquia).
Los hechos ocurrieron entre 2022 y julio del año en curso, en dos restaurantes de las Comunas 11 y 9, y un taller automotriz de la Comuna 16 de la capital antioqueña, donde el presunto agresor habría ingresado con un posible arma de fuego con la que intimidaba a las víctimas para que entregaran sus pertenencias. De acuerdo con la información obtenida por la Policía Nacional, otra persona en motocicleta lo esperaba afuera para facilitar la huida.
Según las denuncias instauradas, en el hurto cometido en el barrio San Joaquín en septiembre de 2022, el señalado victimario ingresó al lugar y habría amenazado a una mujer, frente a su hijo menor de edad, y la despojó de una cadena de oro y dos celulares, avaluados en 7 millones de pesos.
El otro hecho ocurrió en el barrio Buenos Aires de la capital antioqueña en enero de 2023, cuando habría intimidado a una familia, y les robó joyas y otros objetos, valorados en 13 millones de pesos.
El último caso ocurrió en julio de este año en el barrio Belén La Palma de Medellín, donde, al parecer, ingresó de manera violenta al local comercial y habría despojado a un cliente del taller de sus joyas y dinero en efectivo, hurto avaluado en 25 millones de pesos.
El procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA), por el delito de hurto calificado y agravado.
NAMT/ALG/AMCJ/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
