El procesado habría huido en una motocicleta en el momento que notó que la Policía Nacional iba a adelantar un operativo de registro a personas.
Por su presunta participación en el crimen del patrullero de la Policía Nacional, Amir Chamorro Campo, en hechos registrados el pasado 13 de abril en Cartagena (Bolívar), la Fiscalía General de la Nación judicializó a Freider Torres Villadiego.
De acuerdo con la investigación el día de los hechos, uniformados de la policía atendieron el llamado de la ciudadanía en el barrio Zaragocilla, sobre la presencia de personas sospechosas alrededor de unos establecimientos nocturnos.
En medio de un procedimiento de registro a personas, el procesado quien se encontraba acompañado de otro hombre emprendió la huida en una motocicleta. Al percatarse de que eran perseguidos, habría accionado un arma de fuego contra los policías.
En medio de un cruce de disparos resultó herido un uniformado de 25 años que falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.
En el desarrollo de las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Torres Villadiego fue capturado en el barrio San Francisco y en su poder le fue hallada el arma de fuego que presuntamente utilizó en el atentado.
MEVA/AMCJ/FP/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
