Luego de valorar la pruebas obtenidas durante la instrucción, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH precluyó la investigación que adelantaba por homicidio en contra de dos oficiales y dos suboficiales del Batallón de Fusileros de Infantería de Marina No. 4.
La investigación tiene que ver con el homicidio del ciudadano Luis Miguel Gómez Porto, muerto durante una operación militar adelantada en el municipio de Colosó (Sucre) el 3 de mayo de 2007. De acuerdo con el informe de la Infantería de Marina, la víctima disparó contra los uniformados con un fusil calibre 5.56 antes de ser abatido.
Los peritos de la Fiscalía evaluaron el arma encontrada en el lugar de los hechos, así como un casquillo recurperado y realizaron las respectivas pruebas de absorción atómica al cadáver. Estos elementos permitieron determinar la uniprocendecia entre el proyectil y el arma, y se constató que la víctima sí disparó el fusil incautado.
Con la decisión fueron beneficiados el teniente Paúl Eduardo García Lissa, el subteniente Moisés David Palermo Orozco, y los cabos Iván Andrés Mejía Guayara y Ever Enrique Pienda Micahan, quienes fueron investigados como coautores de homicidio en persona protegida.
