La Fiscalía General de la Nación judicializó a Roberto Javier Reinoso Maquenzi, por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, así como uso de menores para la comisión de delitos, por hechos ocurridos el pasado 4 de agosto en el barrio La Unión de Tibú (Norte de Santander).

Se visualiza al capturado junto a uniformados de la Policía y Ejército Nacional. Frente a ellos los elementos incautados como armas, granda, proveedor, celular y una motocicleta.
A Roberto Javier Reinoso Maquenzi, la fiscalía lo judicializó por tráfico de armas y uso de menores para la comisión de delitos, y fue enviado a la cárcel

Durante un operativo de control y vigilancia realizado por uniformados de la Policía y Ejército Nacional,  el implicado fue capturado en flagrancia mientras se movilizaba en una motocicleta en compañía de un menor de edad. Al recibir la señal de pare, ambos hicieron caso omiso y emprendieron la huida.

En medio de la persecución, la Policía logró interceptar al procesado, quien, antes de ser detenido, arrojó un canguro que llevaba. Al revisar su contenido, se encontró una granada de fragmentación, un proveedor con seis cartuchos, un brazalete alusivo al Movimiento Bolivariano, un celular y una motocicleta.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

 

 

 

MPHA/AMCJ/AFCC/JWCP/DSNS

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.