La Fiscalía General de la Nación, Seccional Norte de Santander, judicializó a Jesús David Meza Collazos y Brayan Andrés Duarte Eusse, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de extorsión agravada.
Las investigaciones adelantadas por el ente acusador evidenciaron que los procesados habrían constreñido a un sacerdote desde el 3 de febrero reciente, exigiéndole la suma de 6 millones de pesos a cambio de devolverle su teléfono celular y no entregarlo al Obispo de la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), ya que supuestamente contenía un video comprometedor de la víctima.
Según lo establecido, Duarte Eusse se habría apoderado del celular del religioso el pasado 31 de enero, luego compartir con él un rato de esparcimiento. Por este hecho el investigado también fue imputado por el delito de hurto.
Tras la exigencia económica, el sacerdote al parecer pactó pagarles a los extorsionistas 4 millones de pesos. Sin embargo, la víctima denunció la situación y fue entonces, mediante un procedimiento de entrega controlada realizado el 7 de febrero último, que efectivos del Gaula de la Policía Nacional lograron la captura de los hoy investigados, mientras se disponían a recibir el dinero, en una zona céntrica del municipio de Los Patios (Norte de Santander).
En audiencias preliminares, un juez de control de garantías acogió los argumentos del ente acusador e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de los procesados, la cual cumplirán en la cárcel Modelo de la capital nortesantandereana.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/DLBM/DATO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
