Un fiscal adscrito a la Seccional San Andrés Isla imputó los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público a Germán Pacheco Hawkins, exsecretario de deportes de la gobernación del archipiélago.
La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades ocurridas durante el trámite, celebración y liquidación de un convenio realizado en julio de 2014 entre la entidad pública y una asociación deportiva.
El objetivo de dicho contrato era desarrollar, con 20 equipos de diferentes barrios del archipiélago, el primer campeonato femenino y masculino de balonmano que se cumpliría entre el 4 y el 10 de agosto del mismo año.
El procesado habría autorizado el giro de 41 millones de pesos al representante legal de una empresa. Dicha suma debía ser usada para contratar la publicidad del evento, patrocinarlo, adquirir la dotación deportiva, además de los refrigerios.
La contratación, al parecer, se realizó sin el cumplimiento de los requisitos de ley, pues se cree que no existió un estudio previo que estableciera los costos reales del convenio. Tampoco se habría verificado que se contara con los 20 equipos de balonmano para la ejecución de la actividad deportiva, y durante las fechas dispuestas para la misma, se iban a cumplir otras actividades similares.
El ente investigador demostró que el evento no se llevó a cabo, a pesar de lo cual se transfirieron los dineros respectivos. Además, de constatarse que se habrían elaborado actas de liquidación falsas para mostrar la aparente ejecución de lo contratado.
MEVA/MAGA/EM/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
