Entre los procesados hay un patrullero de la Policía Nacional que habría llamado a los familiares de la víctima y exigido dinero por su liberación.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en el secuestro y abuso sexual a una mujer, en hechos ocurridos el 3 de julio de 2024, en la localidad de Puente Aranda de Bogotá.
En el curso de la investigación se acreditó que la víctima, dedicada a la venta de paquetes turísticos, fue citada mediante engaños para pactar la supuesta compra de un viaje. Al llegar al sitio indicado habría sido trasladada a un inmueble, retenida durante 10 horas y sometida a vejámenes sexuales y agresiones físicas.
Una fiscal Gaula de la Seccional Bogotá imputó a los presuntos involucrados los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y acceso carnal violento, las tres conductas agravadas; además de acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Entre los afectados con la decisión está el patrullero Daniel Andrés Arciniegas Arciniegas, quien es señalado de obligar a la mujer a entregar información personal para ingresar y vaciar sus cuentas bancarias, y de contactar a los familiares para exigirles dinero a cambio de una liberación.
Los demás fueron identificados como Angie Carolina Vizcano Sanabria, Nelson Alejandro Flórez Peralta, Juan David Hernández Pardo, Andrés Camilo Flórez Peralta, William Darío Hernández Pardo y William Alexander Montenegro Portela.
LMBG/AMCJ/JARG/EMA/SFB/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
