La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes de la estructura criminal, Los Shotas, que estarían involucrados en la retención ilegal de un joven, de 22 años, en hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2024.
Se trata de José Jimmy García Rivas, Alex Rolando Vergara, Alexander Rivas Cuesta y William Carvajal Obregón, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y secuestro simple agravado.
De acuerdo con la investigación, la víctima, que trabajaba en la entrega de verduras y hortalizas, fue abordada por varios hombres que lo retuvieron y lo fotografiaron para una supuesta verificación. Posteriormente, fue trasladado hasta un inmueble en el barrio Nuevo Amanecer.
En el lugar fue intimidado y retenido en contra de su voluntad por cerca de cuatro horas, por hombres armados, entre los que estarían Carvajal Obregón y García Rivas, presuntos cabecillas de ´Los Shotas’, en las Comunas 10 y 12 de Buenaventura.
Estos hombres fueron capturados durante 11 diligencias de registro y allanamiento en los barrios El Ruiz, Matías Mulumba y Carlos Holmes de este puerto del Pacífico, por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo de soldados de la Armada Nacional y el Gaula Militar.
En los inmuebles presuntamente se adelantaban actividades de extorsión a comerciantes y residentes y homicidios selectivos en la modalidad de sicariato. En los operativos fueron incautados dos celulares.
Los cuatro procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca).
JGPV/AMCJ/AICR/DSV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
