Entre las víctimas están tres adultos de 94, 81 y 69 años, además una mujer quien fue abusada sexualmente.
La Fiscalía judicializó en los municipios de Guadalajara de Buga y Sevilla (Valle del Cauca) a tres presuntos implicados en violencia doméstica y de género. Entre las víctimas están adultos de 94, 81 y 69 años, al igual que una mujer quien fue abusada sexualmente. Dos de los hoy imputados tenían orden de captura y uno fue detenido en flagrancia.
- Uno de los procesados está un hombre a quien la Fiscalía imputó el delito de violencia intrafamiliar, luego de que fuera denunciado por presuntos maltratos físicos, verbales y psicológicos contra su abuela y su tía, de 94 y 69 años, respectivamente. El ente acusador evidenció que desde hace varios años las mujeres vendrían recibiendo amenazas de muerte y maltrato físico. La Policía Nacional capturó en Buga al procesado, el pasado 21 de agosto.

- Por otro hecho, la Fiscalía en Buga judicializó a un hombre presuntamente implicado en delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental. Según la investigación, la mujer fue abusada sexualmente por el procesado quien además la habría golpeado mientras dormía. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 14 de agosto cuando se produjo la captura en flagrancia.

- En Sevilla (Valle del Cauca) fue judicializado Daniel Núñez Tamayo, señalado de incurrir en delitos de violencia intrafamiliar agravada, maltrato físico, verbal y psicológico contra su padre, de 81 años.

En los tres casos, jueces de control de garantías acogieron las solicitudes de los fiscales, adscritos a la Seccional Valle del Cauca y privaron de la libertad en centros carcelarios a los presuntos implicados.
MAP/DSVC/MAGA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.