La víctima habría sido retenida en un puesto de control en Ricaurte. Desde ese momento se desconoce su paradero.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis soldados del Ejército Nacional que estarían involucrados en la desaparición de un joven de 21 años, en hechos ocurridos el 7 de agosto de 2022, en zona rural de Ricaurte (Nariño).
Se trata de Luis Enrique Suaza Ortegón, William Orlando Acosta Manzano, Gabriel Alejandro Becerra Hernández, Luis Alejandro Loaiza Malambo, Omar Darío Acuña Gómez y Miguel Ángel Díaz Quiroz, quienes fueron imputados por el delito de desaparición forzada.
La investigación da cuenta de que los uniformados hicieron parte de un puesto de control ubicado en la vereda Ospina Pérez, en el que fue requerido un hombre que se movilizaba en una motocicleta. En el registro de rigor le habrían encontrado una sustancia estupefaciente, por lo que fue detenido y trasladado en un vehículo oficial hasta la estación de policía de Ricaurte.
En las instalaciones el joven presuntamente intentó huir y los uniformados propinaron algunos disparos para disuadirlo. Desde entonces se desconoce su paradero y los funcionarios no han entregado explicaciones ni han revelado detalles de su ubicación.
Por todo lo anterior, y en atención a los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Seccional Nariño, un juez de control de garantías impuso a los seis soldados medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión militar.
Con relación a este caso han sido judicializados un sargento y un soldado del Ejército Nacional, y un integrante de la Policía Nacional.
JGPV/AMCJ/JARG/JPGG/DSN/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
