Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cinco personas, que estarían involucradas en el porte ilegal de armas de fuego y de estupefacientes en Honda (Tolima).

En la imagen se ven cinco personas detenidas bajo custodia de integrantes de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial y el Ejército. Delante suyo varios elementos incautados, detrás, un backing institucional.
Los procesados fueron detenidos en diligencias de registro y allanamiento en Honda y Mariquita, por información que daba cuenta de personas que estarían almacenando armas y sustancias estupefacientes para su comercialización, al servicio del grupo delincuencial de alias Cofla.

Un fiscal de la Seccional Tolima les formuló imputación por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Las capturas se realizaron durante diligencias de registro y allanamiento en varios inmuebles de Honda y uno en San Sebastián de Mariquita, por parte de la Policía, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial. En los operativos les incautaron marihuana, elementos para dosificación y pesaje de estupefacientes, municiones y un arma de fuego.

Se tiene que Luz Estella Ayala Sanabria, al parecer, era la encargada de coordinar actividades ilícitas. Los otros capturados son Luis Felipe Perdomo Prada, Ana Leonor Sanabria Román, Jorge Andrés Silva Donato, y Lina Fernanda Castro Sanabria.

 

 

 

 

PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.