Juan Camilo García Saldarriaga habría ordenado a dos de sus subalternos atacar a la víctima y causarle la muerte.
En una acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional fue identificado Juan Camilo García Saldarriaga, alias de Chadu, señalado cabecilla de la red delincuencial ‘El Ajizal’ y presunto determinador de un acto violento en el que le prendieron fuego a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí (Antioquia).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a esta persona los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que García Saldarriaga sería el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas.
Asimismo, se conoció que habría ordenado a su grupo ilegal causarle la muerte a una persona que no quería pagar la suma exigida. El 14 de marzo de 2019, dos de sus subalternos intentaron cumplir el plan delictivo. Interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la víctima, le rociaron gasolina y le prendieron fuego, pero alcanzó a escapar y se salvó del ataque.
Esta información sé pública por interés general.
JMSV/JARG/ RT/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
