Cuatro integrantes de una misma familia, detenidas en 2022, fueron halladas responsables de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.

en la imagen se ve un grupo de personas detenidas bajo custodia de la Policía, detrás suyo un backing institucional.
Los Magos fueron detenidos en octubre de 2022 en dos diligencias de registro y allanamiento en Ibagué. Todos sus integrantes hacen parte de una misma familia. La madre se encuentra en juicio.

Las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Tolima permitieron que un juez con función de conocimiento condenara a cuatro integrantes de una misma familia, responsables de, por lo menos, diez hurtos en Ibagué. Las víctimas fueron distintos ciudadanos y establecimientos comerciales entre junio de 2021 y octubre de 2022, cuando se concretó su captura por parte de la Policía Nacional.

La investigación evidenció que los condenados se coordinaron para crear un grupo delincuencial organizado con el objetivo de cometer hurtos de todo tipo, cumpliendo roles específicos para lograr su cometido.

Labores de policía judicial evidenciaron que ‘Los Magos’ participaron de manera directa en diez eventos delictivos, en su mayoría en la modalidad de ‘cosquilleo’ o ‘destreza’, afectando a transeúntes y locales de ropa y artículos en general. Las pérdidas ascendieron a más de 13’500.000 pesos.

Los condenados son Dayana Karolay López Jaramillo, coordinadora de las actividades delictivas; Diana Marcela Valencia Gutiérrez, María Alejandra Sánchez Valencia y Jaider Stiven Valencia Gutiérrez. Todos fueron sentenciados a penas de 6 años de prisión.

 

 

 

PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.