Entre los procesados está el señalado cabecilla del grupo delincuencial que habría ordenado el homicidio por el liderazgo que ejercía la víctima.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jairo Andrés Miranda Ramírez, Brayan Stiven Rolón Borges y Johan Hernán Martínez Romero, tres posibles integrantes de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los J’ que estarían implicados en la planeación y ejecución del homicidio del veedor ciudadano y defensor de derechos humanos, Fabio Álex Ortega Acero, ocurrido el 19 de diciembre de 2024, en Cúcuta (Norte de Santander).
La víctima, que estaba acompañada por su equipo de protección, fue abordada y atacada con arma de fuego por dos personas, entre ellas un menor de edad que también murió en el lugar en medio de un intercambio de disparos que se generó.
Las evidencias dan cuenta de que Miranda Ramírez, conocido como ‘J’, sería el cabecilla de la estructura ilegal y habría ordenado el crimen por la labor comunitaria que ejercía el veedor. En ese sentido, es señalado de ordenar seguimientos para identificar las rutinas y condiciones de seguridad del defensor de derechos humanos, tarea que presuntamente desarrolló Rolón Borges, alias Drone.
Por su parte, Johan Hernán Martínez Romero es investigado por su posible participación en las labores de coordinación y recopilación de información sobre los desplazamientos y el esquema de protección del líder.
Con fundamento en estos elementos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) les imputó, de acuerdo con su eventual responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados no aceptaron los cargos y fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
AMCJ/LCHG/FRH/NAE/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
