El procesado habría citado a la víctima para secuestrarla y posteriormente quitarle la vida.  

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Arlenson González Vanegas, alias Sebastián o Máximo, señalado cabecilla del Clan del Golfo, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del líder social, Jaime Alonso Gallego Gómez.

La investigación estableció que el pasado 3 de marzo, la víctima fue citada por González Vanegas a una reunión en Vegachí (Antioquia), donde hombres armados los retuvieron junto al conductor que la acompañaba. Seis días después el cuerpo del líder minero ancestral fue encontrado en la vereda la Cristalina del municipio con varios impactos de arma de fuego, mientras que el escolta fue liberado.

Los elementos materialesde prueba dan cuenta de que ‘Sebastián’, como cabecilla urbano de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, habría ordenado el secuestro y posterior crimen, y sostenido conversaciones previas para confirmar la reunión que sirvió de engaño.

Jaime Alonso Gallego Gómez era integrante de la asociación de víctimas en el nororiente antioqueño y fundador de la Mesa Minera de Segovia y Remedios.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a alias Sebastián o Máximo los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado, las tres últimas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura de González Vanegas fue materializada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI, con apoyo de la Policía Nacional, en el barrio La Loma de San Javier en Medellín (Antioquia).

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

LAGP/AMCJ/SJ/DECVDH.

 

 

 

 

La  información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.