Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción acusó a cinco particulares por apropiarse, presuntamente, de 259 millones 300 mil pesos provenientes de créditos aprobados irregularmente en una sucursal de la hoy desaparecida Caja Agraria en Bogotá.
De acuerdo con la investigación, el entonces gerente de esa oficina bancaria, Guillermo Plazas Herrrera, les aprobó a los hoy procesados entre 1996 y 1998 créditos y sobregiros, sin que reunieran los requisitos exigidos ni tuvieran capacidad para cumplir con las obligaciones contraídas.
Los afectados por la decisión judicial son: Patricia Elena Barba Gutiérrez, Rafael ángel Gómez Gómez, María Magdalena López Gómez, Carlos Julio Pinzón Luque y Pablo Santiago Mariño Piñeros acusados por su presunta responsabilidad en peculado por apropiación, delito por el que ya fue acusado Plazas Herrera.
