La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos hombres que habrían participado en ataques sicariales en los que fueron gravemente heridas tres personas en Cúcuta (Norte de Santander).
Fiscales adscritos al Grupo Vida les imputaron los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En un primer caso, las labores de policía judicial evidenciaron que Brayan Stee Galvis Cárdenas, alias Toti, habría participado en un atentado con arma de fuego contra una pareja de hermanos, que se encontraban a la entrada de su residencia ubicada en el barrio San Miguel, el 12 de noviembre de 2018
Uniformados de la Policía Nacional lo capturaron en una diligencia de allanamiento y registro en una vivienda del barrio Concordia, donde se le incautó un arma de fuego, tres proveedores, 40 cartuchos calibre 9 mm y dos celulares.
Así mismo, fue identificado Anderson Steven Santiago Granados, como presunto responsable de un ataque sicarial contra un hombre que se encontraba compartiendo con amigos en un establecimiento comercial. Los hechos ocurrieron este 28 de mayo en el barrio El Páramo.
El procesado fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional, y le fue encontrada en su poder un arma de fuego, munición, un teléfono móvil y la motocicleta en que se movilizaba.
En audiencias preliminares los investigados no aceptaron los cargos imputados y deberán cumplir medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.
MPHA/AMCJ/EDBC/DSNS
La Información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
