Luego de recibir golpes, descargas eléctricas y quedar herida, la víctima permaneció esposada durante cinco horas sin recibir atención médica oportuna.

En la imagen se ve a dos hombres, identificados como Robin Santos Abreo y Jefferson Amaury Giraldo Orozco, junto a dos servidores del CTI.
Robin Santos Abreo y Jefferson Amaury Giraldo Orozco, judicializados por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, abuso de autoridad y omisión de socorro.

Por los actos denigrantes e inhumanos a los que habría sido sometido, el pasado 21 de mayo, un hombre que permanecía en la Unidad de Protección de Personas Privadas de la Libertad (UPPL) en Manizales (Caldas), fueron judicializados los subintendentes de la Policía Nacional Robin Santos Abreo y Jefferson Amaury Giraldo Orozco.

Los elementos materiales probatorios recopilados y una denuncia recibida de la Personería Municipal dan cuenta de que, al término de la jornada de visitas familiares, los uniformados presuntamente esposaron a la víctima, la trasladaron a un área sin cámaras de seguridad y la golpearon.

Aprovechando el estado de indefensión en el que estaba el hombre, al parecer, le propinaron varias descargas eléctricas en el cuello y la espalda con un dispositivo tipo taser, mientras le gritaban frases humillantes. Posteriormente, lo mantuvieron esposado durante cinco horas sin brindarle atención médica.

Finalmente, con el cambio de turno, el privado de la libertad fue asistido. Los dos uniformados no rindieron informe De lo sucedido ni reportaron el uso de la pistola de electrochoques.

En ese sentido, una fiscal especializada de la Seccional Caldas les imputó los delitos de tortura agravada, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y omisión de socorro. Los subintendentes no aceptaron los cargos.

MPHA/AMCJ/JARG/SUL/ACG/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.