La Fiscalía pidió condena contra un coronel, un capitán y dos sargentos del Ejército por desaparición forzada agravada en el marco de la investigación que se adelanta por los eventos de la toma del Palacio de Justicia, ocurridos el 5 y 6 de noviembre de 1985.

La decisión judicial cobija al excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano; el capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, en su calidad de coautores.

De acuerdo con el delegado acusador, un testigo militar, en declaración juramentada del mes de agosto de 2007, relató la manera como los empleados de la cafetería y algunos funcionarios eran torturados e interrogados por lo sucedido en la toma del Palacio de Justicia que efectuó el M-19.

Los cargos aplicados al capitán (r) Vásquez y los sargentos (r) Nieto Velandia y Causallá Peña se dieron por la desaparición forzada de 11 de personas identificadas como Ana Rosa Castiblanco, Gloria Stella Lizarazo, Gloria Anzola, Norma Constanza Esguerra, Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán, Cristina Guarín Cortes, Luz Mary Portela.

Sin embargo, el fiscal no hizo solicitud en tal sentido en contra de Sánchez por la desaparición de la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda, pues ya fue juzgado por este caso en la justicia penal militar.

“Estas personas estaban en el palacio el día de los hechos, salieron con vida, fueron identificadas por los magistrados, funcionarios, sus familiares y amigos en videos entregados por los medios de comunicación, luego fueron llevado a la Casa del Florero y allí se les perdió el rastro”, aseguró el representante del ente acusador durante la audiencia pública de alegatos de conclusión.

Durante el juicio, rindió declaración el actual director general del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés Moreno, quien  advirtió que al cotejar el ADN hallado en los restos óseos de las presuntas víctimas del  holocausto del Palacio de Justicia, se encontró que no es semejante a los marcadores genéticos de los familiares de los desaparecidos, por lo cual, concluyó que no corresponden a los desaparecidos.

El delegado acusador pidió la condena a título de coautores con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual sostiene que por tratarse de una orden de superiores jerárquicos, un trabajo de común acuerdo, un plan con división de funciones y la importancia del rol de cada uno, esto los hace responsables del delito endilgado.

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