Por petición de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías aseguraron en centros carcelarios a siete personas que, en investigaciones individuales, estarían involucradas en hurtos violentos ocurridos en Barranquilla (Atlántico).
Uno de los casos involucra a Alex Javier Camargo Camargo y a Brandon David Contreras López, quienes, al parecer, el pasado 17 de septiembre irrumpieron en un local comercial del barrio Santa Elena y con un arma traumática se apoderaron de las joyas de la propietaria. La Policía Nacional que se encontraba cerca logró capturarlos cuando huían.
En otra investigación también fueron judicializados Cesar Miguel Anillo, Duvan Elías Quintero y Kevin Manuel Cervantes, detenidos en flagrancia, luego de que habrían intimidado con un arma no letal a una persona que transitaba por una vía pública del sector de La Magdalena, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre.
Finalmente, por acontecimientos registrados el 26 de septiembre del año en curso, fueron privados de la libertad Carlos Andrés Morales Escobar e Inmar Sabino González Galeano.
El día de los hechos Galeano González ingresó a un supermercado del barrio La Alboraya y al parecer, intimidó con un arma blanca a uno de sus trabajadores para apoderarse de productos del lugar.
En la puerta, habría sido esperado por Morales Escobar, con quien intentaron huir lugar. Sin embargo, las autoridades que fueron alertadas del atraco materializaron su captura antes de que escaparan.
En las audiencias preliminares, ninguno aceptó su posible responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado que les fue imputado por fiscales de la Seccional Atlántico.
MEVA/AMCJ/EG/JRM/WJOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
