La Fiscalía judicializó a Ánderson Leandro Ballesteros Vásquez, Víictor Hugo Román Siatica y Maryury Lissbeth Mutumbajoy Jamioy  tras ser capturados en flagrancia en el Peaje de Neiva (Huila) – Castilla (Tolima), cuando se moviilizaban en un vehículo tipo campero con armas de fuego, dentro de las cuales se encontraba un fusil y municiones.

Ánderson Leandro Ballesteros Vásquez, Víictor Hugo Román Siatica y Maryury Lissbeth Mutumbajoy Jamioy deberán responder por porte ilegal de armas.

Agentes de Policía de Carreteras solicitaron documentos de identificación y un registro al vehículo encontrando unas botellas plásticas que en su interior contenían 600 cartuchos calibre 9 milímetros. En otras partes del automotor encontraron tres pistolas, dos de estas 9 milímetros, un revólver y tres cargadores para pistola.

En audiencias preliminares concentradas la Fiscalía les formuló imputación a los capturados como presuntos coautores en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado en concurso homogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. Ninguno se allanó a cargos.

En el vehículo encontraron tres pistolas, dos de 9 milímetros, un revólver, tres cargadores para pistola y 600 cartuchos.

Los procesados cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario por decisión de un juez con función de control de garantías que acogió lo peticionado por la Fiscalía. Asimismo, se legalizó y decretó la suspensión con fines de comiso del vehículo incautado.

La Fiscalía habla con resultados.

 LMGM/CFG/DSPB/DSH

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.          

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