Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos cometidos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación abrió indagación preliminar por los delitos de genocidio, homicidio y desaparición forzada, de los que pudo ser víctima el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.
La decisión, que implica considerar imprescriptibles esas conductas punibles, fue adoptada por un fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
