El juez quinto especializado de Bogotá impuso penas que van hasta los 140 meses de prisión en contra de cinco personas, por integrar una red de tráfico de estupefacientes que delinquía en el centro de la capital.
De acuerdo con la investigación, coordinada por un fiscal de la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, Unaim, la organización ilegal vendía cocaína, marihuana y bazuco en pequeñas cantidades en el barrio San Bernardo, labor que realizaban en la calles del sector o desde dos viviendas que fueron identificadas por la Fiscalía en el proceso.
El fiscal del caso determinó que los afectados por la decisión cumplían funciones específicas al interior de la red. Es así como algunos se encargaban de adquirir el estupefaciente, y otros del almacenamiento, empaque, transporte, distribución y venta bajo la modalidad del menudeo.
Durante la investigación, la Fiscalía, en coordinación con agentes de la Policía Nacional, se incautaron de 12 kilos de marihuana y gran cantidad de papeletas de bazuco que pertenecían a esa banda delictiva y estaban listos para distribuir.
Por esos hechos fueron condenados: Ciro Alvarez Alba, Camilo Suárez Ruiz, Liliana Méndez Rodríguez, Diana Marcela Pinzón Canchón y Sinedi Alvarez Correa, aprehendidos por agentes de la Sijín el 30 de marzo último y a quienes se les hallaron ocho kilos de cocaína y dos armas de fuego.
Por los hechos investigados, el juez condenó a Ciro Alvarez Alba, Liliana Méndez Rodríguez y Diana Marcela Pinzón Canchón a 11 años y ocho meses, al hallarlos responsables de los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado en concurso con concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
Camilo Suárez Ruiz y Sinedi Alvarez Correa fueron condenados a 11 años y cinco meses de cárcel por su responsabilidad en los punibles de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado en concurso con concierto para delinquir agravado.
Igualmente, el juez impuso a cada uno de los procesados una caución superior a los 1.400 millones de pesos. Todos fueron remitidos a centros carcelarios de Bogotá.
