En la lucha frontal contra la corrupción la Fiscalía General de la Nación puso al descubierto indignantes casos en los que funcionarios púbicos y particulares se habrían confabulado para defraudar recursos destinados a la alimentación de los niños, el sector de la salud, la educación y obras públicas.

Al conmemorar el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, recalcó que “enfrentar este flagelo debe constituir una prioridad dentro de las políticas públicas”.

Dentro de los resultados entregados el día de hoy se destacan contundentes acciones en ciudades como Bogotá, Cartagena, Montería y el departamento de Cundinamarca.

En Bolívar, Fiscalía develó delitos electorales e irregularidades en manejo de recursos para la primera infancia 

1. Corrupción en sistema electoral de Cartagena y de Bolívar

La Fiscalía General de la Nación investiga la comisión de delitos en el proceso que terminó con la adjudicación de la curul de concejal de Cartagena a Jorge Useche Correa, tras los comicios del 25 de octubre de 2015.

En este caso están involucrados un concejal, los integrantes de la Comisión Escrutadora Departamental, intermediarios y  miembros de la Registraduría Especial del Estado Civil Departamental de Bolívar.

Los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, Patricia Eugenia Jiménez Masa y Humberto Carlos Ceballos Fernández, al finalizar las elecciones, de común acuerdo con abogados litigantes y durante el termino de notificación de las demandas electorales, habrían inducido a diferentes candidatos electos para que les dieran dádivas o utilidades indebidas, a cambio de emitir un concepto favorable a los intereses del demandado.

Por estos hechos fueron capturados: 

  • Jorge Alfonso Useche Correa (Concejal de Cartagena): Deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
  • Patricia Eugenia Jiménez Massa (Delegada Departamental de la Registraduría de Bolívar): se le atribuyen los delitos de cohecho impropio, concusión, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
  • Humberto Carlos Ceballos Fernández (Delegado Departamental de la Registraduria de Bolívar): es investigado por concusión.
  • Jorge Luis Correa Rosales (Tío del Concejal de Cartagena e intermediario en el pago de dádivas a funcionarios públicos): Deberá responder por el delito de cohecho por dar u ofrecer.
  • Jorge Restrepo Name (Intermediario en el pago de dádivas a funcionarios públicos): investigado por cohecho por dar u ofrecer.

En este caso también está investigado Alfonso Javier Camerano Fuentes (Presidente de la Comisión Escrutadora Departamental), quien deberá responder por prevaricato por acción, cohecho impropio y falsedad ideológica en documento público.

2.     Apropiación ilegal de recursos del ICBF para atención integral a la primera infancia en Bolívar

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades presentadas en la ejecución del contrato por valor de siete mil ochocientos dieciocho millones quinientos veinticuatro mil sesenta y cuatro pesos ($7.818’524.064), suscrito por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Prociencia.

Con ese contrato se buscaba prestar atención integral a 3.744 beneficiarios, entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes, en 10 municipios del departamento de Bolívar, para ejecutarse durante la vigencia de 2015.

En la investigación se estableció la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía de mil quinientos sesenta y seis millones seiscientos cincuenta mil ciento noventa y ocho pesos ($1.566’650.198), mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que nunca fueron entregados, sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato, mediante la falsificación de facturas, entre otras irregularidades.

Igualmente, se determinó un posible carrusel al descubrir que se crearon a nombre de los hijos de Olga Lucia Pérez Gutiérrez, actual tesorera de la fundación, tres empresas proveedoras fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la señora en mención. Estas vendieron con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF.

Hoy fueron capturados:

  • Olga Lucía Pérez Gutiérrez, representante legal de la fundación.
  • Flor Elena Pérez Gutierrez, actual tesorera de la fundación y esposa del concejal Américo Elias Mendoza Quessep.
  • Patricia del Carmen Arnedo Pombo: representante legal de la fundación durante el 2015.
  • Iván Camilo Mendoza Pérez: Hijo de la actual tesorera de la fundación y proveedor a través de Distrimarket MYM SAS y Minimarket SAS.
  • María Camila Mendoza Pérez: Hija de la actual tesorera de la fundación y proveedora a través de Comercio y logística Integral SAS.

Estas personas deberán responder por los delitos de peculado por apropiación,  concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

 

 

LAPM/DLBM