Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre bienes que harían parte del patrimonio ilícito de una red narcotraficante trasnacional.
En la investigación se estableció que la organización criminal sería la responsable de sacar cerca de siete toneladas de cocaína mensualmente, a través de lanchas rápidas y semisumergibles que zarpaban del Pacífico y el Caribe colombiano con destino a Panamá y otros países de Centroamérica.
Las propiedades identificadas pertenecerían a los señalados cabecillas, Fausto Reina Bravo, alias El Profe; y Juan Pablo Zuluaga Acevedo, quienes fueron capturados junto a otras 10 personas y judicializados por los delitos de: fabricación, tráfico o porte de estupefacientes agravado; concierto para delinquir agravado; utilización y tenencia de semisumergibles agravado; lavado de activos; testaferrato; y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía, la Policía Nacional y la Armada Nacional en Calima-Darién, Buenaventura y Cali (Valle del Cauca), Fredonia (Antioquia) y Pereira (Risaralda).
Los activos, que ascienden en valor a 30.000 millones de pesos, están representados en 5 establecimientos de comercio, 3 fincas, 8 inmuebles urbanos, 13 vehículos, 1 embarcación y 13 caballos de paso fino.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió su administración de los bienes.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/AS/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
