Como parte del objetivo de afectar las finanzas de las organizaciones de crimen organizado y de narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 18 bienes, cuyo avalúo alcanzaría los 6.400 millones de pesos.
Se trata de inmuebles ubicados en Cali y Buga (Valle del Cauca), y una finca localizada en zona rural de Patía-Bordo (Cauca).
Las investigaciones dan cuenta de que las propiedades habrían sido adquiridas con dineros producto de las actividades ilícitas del señalado cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle, Ramón Alberto Quintero Sanclemente, alias RQ; y de otro presunto integrante de esa estructura, identificado como Jairo García Lozano.
En las verificaciones se constató que varios bienes estarían a nombre de familiares y posibles testaferros de estas dos personas.
Alias RQ fue capturado el 14 de abril de 2010, en Ecuador, y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2011, en atención a una solicitud de una corte del Distrito Sur de La Florida, que lo requería para que respondiera por cargos relacionados con tráfico de estupefacintes y lavado de activos.
Las diligencias de ocupación se cumplieron de manera articulada con la Policía Nacional. Las propiedades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/MRC.
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
