En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta para identificar y perseguir las finanzas de la criminalidad y el narcotráfico, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio a siete bienes de una estructura señalada de sacar cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica.

Las propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas de manera articulada con la Unidad Especial de Investigación SIU – DIJIN de la Policía Nacional, en Santa Marta, Fundación y Pivijay (Magdalena).

Se trata de tres lotes de 25, 66 y 122 hectáreas, y uno de 552 metros cuadrados; un apartamento; y dos sociedades, una relacionada con la prestación de servicios de comida y otra dedicada a la construcción de obras civiles y extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.

Los elementos de prueba dan cuenta de que los bienes habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico de estupefacientes y pertenecerían a Rafael Enrique Noguera Abello, Tomás Visbal Blanco y Enrique Rafael Noguera Ramírez, entre otras personas que están solicitadas en extradición por Estados Unidos.

La citada red trasnacional narcotraficante fue identificada en noviembre de 2018, luego de que la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) interceptó una aeronave y detectó una pista clandestina.  Al parecer, la organización era apoyada por controladores aéreos que permitían el ingreso al espacio aéreo colombiano de naves y no las reportaban para evitar que fueran objeto de controles.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de las propiedades.

Esta información se publica por razones de interés general.

MAGA/JARG/LPDS/MRC.

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.