Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de conocimiento en Cali (Valle del Cauca) condenaran a 8 personas, como responsables de afectar la integridad de 10 ciudadanos, 5 de las cuales lograron salvar sus vidas. Las penas impuestas oscilan entre 4 y 41 años de prisión.
Se trata de casos independientes, en los cuales los sentenciados fueron encontrados responsables, según sus responsabilidades particulares en delitos como homicidio, homicidio tentado, feminicidio y feminicidio tentado, todas las conductas agravadas.
- César Augusto Sarmiento Quiñones, fue condenado a 41 años y 7 meses de prisión por el asesinato de su compañera sentimental, ocurrido el 14 de agosto de 2016, en el barrio Manantial de Cali. La víctima fue agredida por el ahora sentenciado con un arma cortopunzante. La mujer falleció semanas después a causa de las heridas. La defensa apeló el fallo.
- De otra parte, Jhoan Alexis Medina Barrera fue sentenciado a 33 años y 4 meses de prisión por el asesinato de un hombre de 35 años. El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2022 cuando la víctima fue atacada por la espalda con un arma de fuego. La defensa apeló la decisión.
- En total 10 años y 5 meses de cárcel deberá pagar Juan David Cano Hernández por intentar quitarle la vida a su compañera permanente. Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2023 en el barrio Olaya Herrera de Cali. El hombre intentó asfixiar a la víctima, al tiempo que la golpeó en repetidas oportunidades.
Otros de los condenados son Hosmal Alexánder Herrera Martínez, Gustavo Adolfo Flórez Vergara, Jonatan Tobar Balanta, Jhonier Yessid Asprilla Hurtado y Juan David Rincón López. En todos los casos se dispuso que cumplan la condena en centros penitenciarios.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.





