Ocho ciudadanos brasileros fueron condenados por hechos relacionados con explotación ilícita de yacimientos mineros en áreas protegidas de Chocó.
En otros dos operativos, fueron judicializadas seis personas por extracción ilícita de oro que estaría provocando graves daños ambientales en Chocó y Putumayo.
El trabajo articulado entre la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación; la Policía y el Ejército Nacional realizar varias acciones contra personas que estarían implicadas en minería ilegal y otras conductas que afectan los recursos naturales del país.
En Chocó y Putumayo se adelantaron operativos que dejaron ocho extranjeros condenados y seis personas judicializadas.
Condena por invasión en área protegida de Chocó
Un juez de conocimiento avaló los argumentos de la Fiscalía y emitió, en primera instancia, condena contra Pedro Luis Alves Olivera, Gerson de Lima Soarez, Antonio Oliveira Da Silva, Nelvino de Sousa Freitas, Luiz Barbosa de Sousa, Reimundo Nonato Quaresma de Carvalho, Vandelminson Aguilar Riveiro y Donietes Martins de Souza, responsables de delitos relacionados al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.
Los procesados fueron condenados a 80 meses de prisión y al pago de una multa superior a 22.000 millones de pesos. Este fallo se da luego de que los investigados fueran encontrados responsables de los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimientos mineros hidrocarburos, en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica, y explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.
La decisión está relacionada con hechos ocurridos desde 2017 cuando los extranjeros invadieron la ronda del río Quito y el área de reserva forestal del Pacífico Biogeográfico. Allí adelantaron actividades de explotación de oro mediante prácticas ilícitas, como el uso de dragas y maquinaría afectando el cauce del afluente y el uso del suelo en la zona.
También fueron encontrados responsables del vertimiento de sustancias químicas como mercurio a las fuentes hídricas generando un grave daño ambiental. La Fiscalía comprobó que estas personas no contaban con los permisos de ley para adelantar la explotación aurífera.
Extracción de oro en inmediaciones del río Atrato
En el corregimiento Tutunendo, en Quibdó (Chocó), dos personas fueron capturadas por, presuntamente, extraer oro en inmediaciones del río Atrato. En las inspecciones se constató el uso de maquinaria pesada en una zona de reserva forestal y otros elementos que impactaban negativamente en el ecosistema. Estas acciones se cumplían en un entable minero que funcionaba, al parecer, sin los títulos para tal actividad.
Los detenidos fueron imputados por delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daños en los recursos naturales y ecocidio; contaminación ambiental y explotación ilícita de yacimiento minero o hidrocarburo; e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Adicionalmente, les fueron incautadas dos retroexcavadoras.
Vertimiento de mercurio en la cuenca del rio Putumayo
En la vereda Diana de Puerto Asís (Putumayo) fue intervenido un frente de extracción ilegal de oro que estaría generando una acelerada pérdida de la vegetación y la contaminación con mercurio en la cuenca del río Putumayo que abastece varias veredas.
En estas acciones fueron capturadas cuatro personas, presuntamente, responsables de los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación por explotación ilícita de yacimiento minero o hidrocarburos, y daño en los recursos naturales.
En el lugar se halló una draga con motor, mangueras, una estructura de madera, tubos pvc, una balsa o flotador y otros elementos utilizados para la extracción del metal.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMBG/MAGA/DECVDH/DJR/MRC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
